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article • Lunes, Junio 25th 2018

MMI-LAC exige el respeto de todos los derechos humanos de niños, niñas, adolescentes y familias en situación de migración irregular

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El Movimiento Mundial por la Infancia para Latinoamérica y el Caribe hace un llamado urgente a anular inmediatamente la política migratoria de los Estados Unidos, conocida como de “tolerancia cero”, que establece que las personasadultas que cruzan la frontera de ese país de manera irregular sean procesadas judicialmente y que hasta el 20 de junio de 2018 tuvo como consecuencia la separación de más de 2,000 niñas y niños de sus familias.

El pasado miércoles 20 de junio de 2018 el presidente Donald Trump aprobó una orden ejecutiva en la que se declara que las familias serán mantenidas juntas durante su detención por cruzar la frontera y el posterior proceso judicial por incumplir la ley de migración.

La orden ejecutiva, que se mantiene en la línea de la política de “tolerancia cero”, no define un mecanismo específico claro para la reunificación de las familias que ya han sido separadas ni establece el plazo durante el cual las familias permanecerán detenidas.

Las medidas implementadas por el gobierno de los Estados Unidos hasta el momento colocan en situaciones de crisis, estigma y discriminación a las familias y a los niños, niñas y adolescentes que huyen de sus países por la violencia y por el miedo a ser secuestrados, maltratados, unidas o casadas por la fuerza, violadas o violados sexualmente o, incluso, a ser víctimas de asesinato.

Tanto la criminalización de la migración como la separación forzosa de las familias constituyen una grave violación de los derechos humanos. Además, el Comité de los Derechos del Niños establece muy claramente en sus Observaciones Generales que ningún niño o niña migrante debe ser detenida.

El marco normativo internacional de derechos humanos contiene garantías que protegen especialmente los derechos de las personas en situación de migración. La no criminalización de las personas migrantes y el respeto a su dignidad son principios que deben ser preservados en los más diversos contextos, explicitados por numerosos acuerdos y organismos internacionales.1

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Convención sobre los Derechos del Niño y el Comité de los Derechos del Niño expresan especialmente que los Estados deben tener en cuenta el interés superior de niños y niñas durante el desarrollo de los procedimientos migratorios, y la elaboración de marcos normativos y protocolos de actuación.

Además, la Convención sobre los Derechos del Niño y las Directrices de la ONU sobre las Modalidades Alternativas de cuidado de los Niños señalan que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a vivir en familia y comunidad, bajo los principios de necesidad e idoneidad, y que su interés superior debe ser protegido frente a cualquier determinación administrativa o judicial que vulnere sus derechos a la no separación familiar y a la protección internacional.

La Declaración de Nueva York para los Refugiados y los Migrantes establece que los Estados deben realizar todos los esfuerzos para implementar de manera urgente alternativas a la detención. Otros instrumentos, por su parte, sostienen esta misma urgencia de eliminar la privación de libertad de niñas, niños y jóvenes migrantes en situación administrativa irregular, así como la adopción de esquemas alternativos para su protección y acogida.

Las Observaciones Generales Conjuntas sobre los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes en el contexto de la Migración refuerzan las obligaciones de los Estados de brindar protección internacional a los niños, niñas y adolescentes en los países de origen, tránsito, destino y retorno.

Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la Opinión Consultiva OC-21/14 titulada Derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración y/o en necesidad de protección internacional afirma que si bien los Estados guardan un ámbito de discrecionalidad al determinar sus políticas migratorias, al tratarse de políticas migratorias relativas a personas menores de 18 años de edad, deben priorizar el enfoque de los derechos humanos desde una perspectiva que tenga en cuenta en forma transversal los derechos de niñas y niños, los cuales deben primar por sobre cualquier consideración de la nacionalidad o el estatus migratorio, a fin de asegurar la plena vigencia de sus derechos.

Por todo lo antes expuesto, el Movimiento Mundial por la Infancia para Latinoamérica y el Caribe exhorta a los organismos internacionales defensores de los derechos humanos, al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, al Comité de los Derechos del Niño (CRC-ONU, a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y al Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) a tomar las medidas posibles para asegurar la protección de todo niño y toda niña migrante y sus familias.

Este Movimiento exige que el gobierno de los Estados Unidos ponga fin a la política de “tolerancia cero”, impulse claramente la reparación del daño ya producido y reúna a los niños, niñas y adolescentes que han sido separados con sus familias de manera inmediata y garantizando todos sus derechos.

Movimiento Mundial por la Infancia para Latinoamérica y el Caribe

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1. Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares; Declaración del Diálogo de Alto Nivel sobre la Migración Internacional y el Desarrollo; Protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños; Protocolo contra el tráfico ilícito de migrantes por tierra, mar y aire; Observaciones del Comité de los Derechos del Niño.

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